lunes, febrero 08, 2010

EL CARLITOS Y LAS EJECUCIONES

Guerrero, el primer productor de amapola y el tercero en mariguana, por primer vez en su historia se vuelve escenario de guerra entre los cárteles.

Aurelio Peláez Guerrero era el principal productor de amapola en el país (con el 67 por ciento), y el tercero de mariguana (el 11 por ciento), además de ser el primero en tráfico de armas. Además de su carácter de productor histórico, es desde hace una década –según informes federales– un sitio de tránsito de droga hacia el norte del país. Pero oficialmente aquí no pasa nada. Ningún gran capo ha sido detenido y ninguno de los grupos de narcos se ha asentado en el estado, se aseguraba.

“Yo he estado en ciudades donde hay cárteles, en lugares peligrosos, pero Guerrero es lo más peligroso que conozco porque aquí no pasa nada”, confió en corto un alto mando de inteligencia destacado en la entidad, a propósito del silencio en el que trabajan los grupos ligados al narcotráfico.

No obstante, parece llegar a su fin la frágil tregua armada de alguna manera para no hacer de un estado productor una zona violenta, con ajustes de cuentas a la luz del día, como en ciudades de Sinaloa, Tijuana, Ciudad Juárez o Matamoros, las tres últimas zonas de venta y tránsito.

Este año, la Costa Grande ha sido un escenario de ejecuciones, con al menos una veintena, en casos relacionados con el narcotráfico, mientras que en Acapulco –en el mismo periodo– se han registrado 17 homicidios con características de ejecuciones.

En forma silenciosa, desde hace unos años, casi todos los cárteles del narcotráfico se instalaron en el estado, con la tolerancia de los mandos policiacos de la entidad: se distribuyeron plazas y rutas, pero a la vez implantaron sus métodos de hacerse justicia. Así, una sinaloización de la entidad no sería un escenario descartable, vista la serie de ajustes de cuentas que se ha dado en la región en los últimos meses.

Sinaloización, en el sentido de que un estado productor se convierte en escenario de disputa entre los cárteles. Antes las ciudades y los pueblos de Guerrero no lo eran, como sí ciudades como las mencionadas más Guadalajara, que en los 80-90 sufrieron varios episodios de terror protagonizados por las bandas del narcotráfico que se disputaban el control de la distribución y la comercialización de drogas. La paz necesaria para no detener la producción de la amapola y la mariguana se está quebrantando por primera vez en la historia del estado.

El Carlitos

La sinaloización vendría por la Costa Grande. Ahí, desde hace unos tres años se instaló Carlos Rosales Mendoza, El Carlitos, con la venia del Cártel del Golfo, y en particular de su máximo jefe, Osciel Cárdenas, actualmente detenido. A principios de año, Carlos Rosales encabezó un comando que liberó a tiros, de la cárcel de Apatzingan a 19 reos, entre ellos a cinco sicarios de su Cártel.

Carlos Rosales es originario de la comunidad de El Naranjito, en el municipio de La Unión. Es propietario del rancho El Capire, ubicado en el entronque de La Unión con rumbo a la playa, y se dice que este lugar funcionó como centro de desembarco de droga, aprovechando la conexión del río con el mar.

Entre sus pendientes tiene el de la ejecución del narcotraficante michoacano Armando Valencia, capo del Cártel del Milenio, ajuste de cuentas que incluyó el asesinato de 16 de sus familiares. Entre los pistoleros, ahora sicarios, el nativo de La Unión contrata a ex policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Se dice que como producto de sus actividades en el narcotráfico cuenta con un rancho en Michoacán, un hotel en Petatalco y otro en Morelia. También tendría una casa en Estados Unidos. Lo que nadie discute es que El Carlitos, de 40 años, era ya el jefe del negocio del narcotráfico en Costa Grande, en donde actuaría en apoyo de otros jefes del narcotráfico como el de los Arellano Félix y Héctor El Güero Palma.

Las ejecuciones

Las armas AK-47, la 9 milímetros y la súper .380, son cada vez las más recurrentes en las ejecuciones. Tan sólo en este año se han presentado una veintena de casos, cuyas implicaciones han llegado hasta Acapulco.

El 5 de enero fue asesinado en San Luis La Loma, comunidad de Tecpan, sobre la carretera federal a Zihuatanejo, en su consultorio, el doctor José Luis Barrera García; recibió cuatro balazos en el cuerpo y uno en el rostro. Se usó una pistola calibre 380.

El 6 de enero, en la comunidad de El Tejón, también de Tecpan, fue asesinado Eladio Valderrama.

El 14 de enero, en Bajos Balsamar, son asesinados Paulino Lozano y Jesús Baltazar, también en una emboscada.

El 16 de enero en la comunidad Vallecitos de Zaragoza, en la zona serrana de Zihuatanejo, fue muerto José Ismael Ayvar Aparicio, con un balazo .380 en la boca.

El 27 de enero en Los Naranjitos, de Tecpan, Manuel Corona Guzmán fue asesinado a batazos, una práctica –dicen– muy del uso de los sicarios sinaloenses.

El 30 de enero, el ganadero Fulgencio Quiroz Orozco recibió el levantón, un recurso de los narcos de Tijuana y de Ciudad Juárez para deshacerse de rivales, para ejecutarlos en despoblado.

Quiroz era tío de Pedro Quiroz, un ex presidente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), una organización que recibe recursos estatales y federales. El levantón ocurrió en Puerto Bálsamo. También se presume que podría tratarse de un intento de secuestro, aunque Fulgencio Quiroz antes ya había sido objeto de dos atentados.

El 4 de febrero fue emboscado y acribillado en Nueva Cuadrilla, La Unión, cuando viajaba en su camioneta, Jesús Valdovino Villa, crimen atribuido al grupo de Rosales. En el atentado se utilizaron AK-47.

El 5 de febrero fue ejecutado un vigilante de Puerto Ixtapa, de nombre Adrián Ramírez.

El 9 de febrero en Mata de Sandía, comunidad de Zihuatanejo, es asesinado Ignacio García Mendoza, a quien se presumía un informante de la DEA, de tres balazos, dos de ellos en la boca.

El 10 de febrero, en Zihuatanejo, fue asesinado el delegado sindical del hotel Villas del Sol, Santiago Campos Gutiérrez, con impactos de bala de una pistola .380.

El 13 de febrero en Riscalillo, matan de un balazo .380 en la boca al fotógrafo Antonio Hernández, quien era compadre de Ignacio García.

Antes de estos dos últimos crímenes, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) había hecho un decomiso de dos toneladas de mariguana, en Zihuatanejo.

El 16 de febrero, en San Juan de las Flores, del municipio de Atoyac de Alvarez, es acribillado Jacinto Darío Ocampo, con AK-47.

El 8 de marzo es ejecutado Nicolás Ureña, al salir del bar Los Simpson, en San Luis La Loma, acto atribuido al grupo de Carlos Rosales.

Todavía el 16 de abril fue asesinado, en la sierra de Coahuayutla, Julián Montiel García, presunto integrante de la banda de narcotraficantes Los Cuernudos, de dos impactos de bala de arma de alto poder. Del hecho se informó que, acompañado de otras 15 personas armadas, Montiel García se dirigía a caballo al poblado de El Molinito, y de entre los cerros le disparó, se presume, un experto francotirador.

El 12 de abril fue detenido en Acapulco y llevado a Zihuatanejo Adalid Arciga Plancarte, El Huesos, a quien la Policía Judicial imputa los crímenes de Santiago Campos, de Ignacio García Mendoza y del topógrafo Antonio Hernández. En su declaración, éste afirmó haber sido torturado por la Policía Judicial para que se declarara culpable, y se dijo inocente de esos homicidios. No obstante, a Arciga se le presume como sicario del grupo de Carlos Rosales.

El caso Peredo

La práctica de las ejecuciones también se ha dado este año en Acapulco. El 14 de febrero fue ejecutado el abogado José Antonio Avila Sánchez, cuando llegaba a su casa, en la calle Cantiles, del fraccionamiento Mozimba. Las investigaciones policiacas presumen que los responsables serían sicarios del narco, tesis reforzada con el atentado que sufrió dos días después el ex comandante de la Policía Judicial en la región de la Costa Grande, Federico Peredo Jiménez.

Del atentado contra Peredo, ocurrido el 17 de febrero, se presume el uso de una misma camioneta por parte de los sicarios. El ex comandante, con varias denuncias de violaciones de derechos humanos y recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), salió ileso de la balacera, no así su acompañante, Jorge Luis Orbe Lucas, un agente judicial que actuaba como su escolta, aunque Peredo ya no era de la corporación, pues había renunciado a la misma.

Por el grupo de los sicarios pereció Ramón Cerino Arias, originario de Tabasco, y según su familia, que vino a recoger su cuerpo, les informó que vivía en Acapulco desde hace cinco meses y que trabajaba en una pizzería.

Hay la tesis –no oficial– de que con la eliminación de Peredo se buscaba consolidar en los grupos policiacos a un solo grupo de protección a los representantes de los cárteles del narcotráfico en Guerrero, pues el ex comandante, a pesar de no ejercer, era la cabeza visible de uno.

No obstante, al sacar las conclusiones del atentado al ex jefe policiaco Federico Peredo, con evidencias de un nexo con la presencia de un nuevo cártel en la Costa Grande, el secretario de Gobierno y ex secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, calificó el atentado como “un simple hecho aislado”, e incluso se adelantó que una de las líneas de investigación eran “rencillas personales”. Nada de moverle al narco.

El desmantelamiento del grupo de Jaime Delgado

En octubre de 2002, el coordinador operativo de la Secretaría de Protección y Vialidad de Acapulco (SPV), Jaime Delgado Contreras, fue arraigado y luego consignado por la Agencia Federal de Investigaciones, por su presunta participación en una red de protección a narcotraficantes. También fue detenido Francisco Tornez Castro, a quien se presentó como un mando en la Policía Motorizada del estado, hecho desmentido inmediatamente por León Aponte.

Estas han sido hasta ahora las únicas detenciones de altos jefes policiacos relacionados con el narcotráfico, investigaciones que corrieron a cuenta de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, y no del gobierno estatal.

De Jaime Delgado López se conocía su ostentoso modo de vida. Usaba una camioneta 4x4, color blanco, se hacía acompañar de policías preventivos y formó el grupo especial Halcones. Usaba una gran cadena de oro con el dije de una águila, y otra que al exponerlo al sol reflejaba el rostro de Cristo. Fue colocado en el cargo por la entonces secretaria María de los Angeles Nava Rojas, entonces titular de la SPV, en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

En cuanto a Francisco Tornez Castro, la Procuraduría General de la República lo presentó como miembro de la Policía Motorizada de Guerrero y como el dirigente de la estructura desmantelada. “Hoy es la primera vez que los oigo nombrar en los medios de comunicación, y si el procurador general de la República –Rafael Macedo de la Concha– dijo que ese señor está en las filas de la Policía Motorizada no sé porqué lo diría, porque aquí no está”, deslindó León Aponte.

Este grupo, acusó entonces la PGR, formaba parte de una célula de contrainteligencia dirigida por el ex militar Francisco Tornez Castro, quien había instalado una oficina para recopilar la información a fin de garantizar impunidad y seguridad a Ismael Zambada García, El Mayo Zambada; Javier Torres Félix, Arturo Hernández González El Chaky, y otros integrantes de la organización de los hermanos Carrillo Fuentes, el poderoso Cártel de Juárez.

La PGR subrayó que las investigaciones practicadas por la UEDO demostraron que la información que recababan los ahora inculpados, les permitía conocer con precisión los movimientos o desplazamientos de personal policial o militar, situación que ha evitado hasta ahora la captura de los jefes de la organización.

En el gobierno del estado se insistió en minimizar el caso y en calificarlo como un hecho aislado. Es más, el entonces secretario de Protección y Vialidad criticó al gobierno municipal “perredista” de Acapulco, que encabezaba Zeferino Torreblanca, por no investigar los antecedentes de sus jefes policiacos. Esto, porque en la estructura estatal no pasaba nada.

En Acapulco, droga y ejecuciones

Acapulco viene siendo en los últimos años, un centro para la venta y no sólo el tránsito de cocaína.

A finales de 2003, investigaciones de la PGR informaban de al menos 350 tienditas de droga, así como casas particulares de venta y distribución durante las 24 horas de cocaína y mariguana; también la zona de la playa Condesa ha sido clasificada como un área donde se expende droga a toda hora.

El 19 de febrero de este año, el delegado estatal de la PGR afirmó que una de las prioridades del trabajo de esa dependencia era el combate al narcomenudeo, pero aclaraba: “no podemos decir que se trate de un cártel, son personas que hacen su negocio a baja escala, no obstante se están descubriendo y se está trabajado en contra de ellos”.

De acuerdo con cuentas de las agencias de Ministerio Público local, en esta ciudad se han presentado durante este año 17 homicidios con características de ejecuciones, incluyendo la del abogado Juan Antonio Avila Sánchez. Tres han sido por la zona de Cantiles, en Mozimba.

Hasta ahora, venta de droga y ejecuciones aparentan ser hechos no directamente relacionados. Cuando se establezca una relación directa ya nadie dudará en decir que se vive una sinaloización de Guerrero.


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