jueves, septiembre 03, 2009

BAJO FUEGO (CANANEA SONORA)

Una cámara de video registró su paso por la caseta de Magdalena de Kino. El convoy iba encabezado por una Commander negra. La conducía Arturo Flores, El Mosca. Tras él avanzaban 12 camionetas último modelo —Silverados, Lincolns, Nitros y jeeps Cherokee blindados— que la noche del 15 de mayo de 2007 habían atravesado libremente el norte de Sonora para cubrir los cerca de 200 kilómetros que corren de Santa Ana a Cananea. A las 23:15 de esa noche El Mosca se detuvo en la caseta y pagó el peaje del grupo. A su lado iba un ex agente de la Policía Estatal Investigadora, Jesús René Espinoza Soto, El Comanche, quien se había encargado de reclutar al grupo de sicarios concentrados cuatro días antes en el rancho Paso de las Ranas y ahora, contratado para realizar un cobro de cuentas, recorría el último tramo de la carretera federal número 2. Julio Pérez González, El Marro; Jorge Granados Villegas, El Macarena; Luis León Torres, El Guacho León; Juan Pedro Sánchez, El Tripas de Sinaloa... Entre 40 y 50 sicarios vestidos de militares, o con los uniformes negros de la AFI, armados con pistolas Five-Seven (también llamadas “matapolicías”) y al menos dos fusiles AR-15 cada uno.

El convoy cruzó la caseta, rugiendo en la oscuridad. A las 0:25 del 16 de mayo pisó los lindes de Cananea. La patrulla municipal 011, que hacía un rondín por la zona, los encontró de frente a la altura de la delegación de Cuitaca. Los policías municipales René Tolano y Cristóbal González Mata fueron rodeados, sometidos, salvajemente golpeados. En el kilómetro 82 de la carretera Imuris-Cananea, los sicarios los tomaron de los pies y los brazos y los arrojaron a un barranco. Su patrulla fue despeñada en el mismo sitio. Tolano y González Mata, sin embargo, sobrevivieron a la caída. Uno de ellos logró arrastrarse hasta el radio. Comunicó a su base: “Va gente armada para allá”.

A bordo de las patrullas 012 y 014, cinco policías municipales salieron a hacer frente al convoy. Ignoraban que estaba compuesto por un pequeño ejército. Las armas brillaron en la oscuridad. Los agentes Ramón Soto Grajeda, José Ramón Bracamontes, Luis Fernando León, Rogelio González y Fermín Aguilar fueron levantados por el comando. Los cuerpos de los cuatro primeros aparecerían horas después en el paraje Ojo de Agua. Según el periódico Expreso (19/05/07), les habían disparado tantas veces en el rostro “que lo único que se veía era un hueco sin cerebro”. De acuerdo con un reporte de El Universal (21/5/07) para las 0:40 los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Policía Estatal Investigadora (PEI) destacados en la ciudad estaban al tanto de la irrupción del convoy. Uno de los sicarios se había metido en la frecuencia de la PFP para advertir: “No se metan, la bronca no es con ustedes, pero si se meten, tenemos con qué responderles”. En la PFP nadie se movió. Los agentes de la AFI no salieron “del hotel en el que viven”. Elementos de la PEI respondieron a una llamada de auxilio diciendo que esperaban refuerzos “y que saldrían a patrullar”. Pero no lo hicieron. Los 31 mil habitantes de Cananea quedaron esa noche abandonados a su suerte.

Nadie contestaba el teléfono en las comandancias, nadie interfirió en los movimientos del convoy —a pesar de que sus ocupantes siguieron usando la frecuencia policiaca para señalarse posición y novedades—. Los vecinos de la ciudad escucharon ruido de sirenas, chirriar de llantas, aceleradores hundidos hasta el fondo.

En la calle principal el grupo se dividió. Una parte se dirigió a la base de la Federal Preventiva. Las camionetas avanzaron por Avenida Juárez y cruzaron frente al Palacio Municipal, a un lado de la Plaza de Armas. En el cuartel, los sicarios hallaron a siete agentes federales que esperaban inmóviles, y como congelados. “No es con ustedes”, repitieron los gatilleros. Por órdenes de El Comanche ninguno de los agentes fue tocado. Ni siquiera les quitaron las armas. “La mera verdad, nos perdonaron la vida”, declaró un oficial horas más tarde.

El segundo grupo se trasladó, mientras tanto, al motel El Oasis. Allí levantaron al propietario; y luego fueron en busca del dueño de la gasolinería El Centenario. De camino, levantaron también a dos muchachas, menores de edad, que paseaban por la plaza.

“Efraín”, uno de los civiles secuestrados esa noche, relató que las camionetas trazaron un círculo alrededor de la gasolinería. Los hombres bajaron gritando, dando órdenes. “Carro que pasaba, los bajaban del greñero, los esculcaban, les quitaban las pertenencias”. El retén que improvisaron en la calle interceptó a dos vendedores de cocaína que recorrían la ciudad en un vehículo conocido como el “carrito feliz”. Uno de los sicarios comentó a un compañero: “Jajaja, ¿viste a los del carrito feliz? Cuánto perico traían, luego traían dos fierros y luego maníacos, porque traían morritas”.

Entrevistado por El Imparcial (17/5/08), “Efraín” contó que en menos de una hora los sicarios lograron reventar tres casas, “levantando a más gente”. “Ustedes no saben quiénes somos —dijeron—. Somos Los Zetas, la organización más sanguinaria. No nos tentamos el corazón para nada”.

A las cuatro de la mañana la Commander tripulada por El Mosca salió de la ciudad y se enfiló rumbo a la Sierra de Arizpe. El convoy aceleró, llevando en las camionetas a los civiles y agentes secuestrados. “A los 10 minutos —prosigue “Efraín”—, se sintió que el carro se salió de la carretera y se oyeron ráfagas... como tres minutos de ráfagas... No supe ahí, sino después, que en ese lugar habían matado a los policías”.

Cuando los gatilleros volvieron a abordar las camionetas, “Efraín” escuchó: “Uta, qué canijo aquel que todavía le pasó el carro encima, a uno le pasó el carro por encima”.

La Commander volvió a detenerse una hora después. El Comanche tomó la cocaína que le habían quitado al “carrito feliz” y la repartió entre sus hombres, “se las empezó a repartir como si fueran dulces”. Para entonces, había amanecido. Le dijeron a “Efraín”: “Bájate, el comandante quiere hablar contigo”. Entre los picos lejanos de los cerros y la tierra seca y dura que se extendía a ambos lados del camino, el siguiente diálogo:

—¿Cómo te llamas, a qué te dedicas, para quién trabajas?

—No, señor, gracias a Dios yo soy tranquilo. No trabajo para nadie.

—No te hagas el tonto. ¿Para quién trabajas?

—No, señor. Yo le estoy diciendo la verdad.

El interrogatorio prosiguió, a intervalos, durante las dos horas siguientes. A “Efraín” le dejaron caer piedras en los pies descalzos; con una navaja le marcaron una Z en la espalda, y luego le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico —que sólo retiraron un segundo antes de que muriera asfixiado—. Querían saber quién era el bueno en Cananea, quién era el dueño de la plaza, quién era el que traficaba droga. El viaje prosiguió por caminos de terracería. De pronto, una eternidad después, bajo el sol calcinante de las tres de la tarde —15 horas después de que 50 sicarios arrebataran al Estado “sus potestades básicas”—, se oyó en el cielo el motor de un helicóptero. Traía las siglas de la Policía Estatal. Las camionetas Nitro y Hummer lograron atravesar el cerco que acababan de tenderles dos patrullas, y se internaron en un camino vecinal. Una versión señala que la caravana se había perdido en las inmediaciones del arroyo Baimpa, mientras buscaba el rancho donde los sicarios pensaban esconderse. Ahí, cerca de ese arroyo, comenzó “la tracatera”: un infierno que iba a prolongarse a lo largo de dos horas, y en el que el comando utilizó a fondo el arsenal que traía consigo: 110 fusiles AR-15 y unos 15 mil cartuchos de diversos calibres.

Desde las 7:30 de la mañana grupos del ejército y la Policía Estatal habían comenzado un operativo de rastreo. El procurador del estado, Abel Murrieta, señaló que el combate tuvo tal intensidad que a los policías se les terminó el parque, “por lo que por vía aérea se les enviaron más municiones”. 16 sicarios cayeron bajo las balas, 12 fueron detenidos. El resto, entre 20 y 30 gatilleros, abandonó las camionetas —así como a cuatro civiles secuestrados— para buscar refugio entre los cerros.

A las 19:00 horas el tiroteo no había terminado. Un video de YouTube reproduce un instante de la balacera. Otro muestra el momento en que los 16 cadáveres ensangrentados son apilados como reses en la caja de una pick-up. En un tercero, se aprecia el momento en que algunos sicarios detenidos, con el rostro lleno de magulladuras, son subidos a un vehículo policiaco: “¡Levanta la cara! ¡Levántala!”, les gritan los agentes estatales. En las imágenes que han quedado de la batalla ocurrida esa tarde en la Sierra de Arizpe, puede advertirse el potente arsenal que los sicarios dejaron en sus camionetas: kilos y kilos de ferretería pesada. Una versión recogida por El Universal (18/05/07) señala que 57 mil cartuchos percutidos quedaron regados en las inmediaciones.

Según el gobernador Eduardo Bours, la irrupción del comando fue provocada por una traición de la policía municipal. Reporteros locales señalan que el grupo iba tras el director de esa corporación, Gabriel Enrique Hurtado, quien cinco días más tarde fue retirado del cargo.

La batalla de la Sierra de Arizpe, con cinco horas de profuso tiroteo, ha sido considerada el capítulo más violento de una guerra que, hasta mediados de diciembre del año pasado, había dejado en el país cinco mil 400 muertos. El convoy de Cananea reveló como nunca antes la capacidad de fuego con que cuenta el narco.

FERRETERÍA PESADA

Los días en que los gatilleros portaban “cuernos de chivo” y escuadras 38 Súper, entre otras armas ligeras y pequeñas, han quedado atrás. Los miembros operativos de los cárteles de la droga tienen hoy a su disposición fusiles capaces de atravesar blindajes —entre ellos, el PS90—, pistolas que penetran con facilidad chalecos blindados (por eso a la Five-Seven se le llama “matapolicías”), lanzacohetes con capacidad para detener tanques (RPG7), fusiles con poder para destruir vehículos (Barret 0.50), así como ametralladoras antiaéreas (Browning, calibre 7.62) que en un santiamén podrían echar por tierra un helicóptero.

“Es más fácil que se cansen de disparar a que dejen de hacerlo”, afirma Ricardo Cabrera, director de la Unidad Especializada en Investigación del Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la SIEDO. “Los narcos tienen un poder de fuego que les permite enfrentarse a lo que venga, y sea como sea”. En enero de 2007, poco después de que su gobierno declarara la guerra al crimen organizado, el presidente Felipe Calderón recibió un informe de la PGR (“El tráfico de armas en México”) que minimizaba las capacidades bélicas del narco. Así lo revela este párrafo: “Las características del armamento empleado por miembros de las organizaciones delictivas continuamente ha sido magnificado. La introducción de armamento de alta tecnología como lanzacohetes, fusiles Barrett y otros, reviste un carácter sumamente complejo para las organizaciones, debido a la especialización que se requiere para su empleo y la carencia de abastecimiento de municiones”.

El informe, sin embargo, no estaba actualizado. “Hace unos años, asegurar armas relevantes era una sensación. Hoy, lo relevante sería realizar un decomiso sin encontrarlas”, explica Ricardo Cabrera.

Agrega: “Las bodegas del narco están llenas de armamento potente y sofisticado. No importa qué tan complejo o difícil sea manejarlo: los cárteles entrenan a sus miembros con kaibiles y ex militares especializados. Los gatilleros de antaño se han convertido en paramilitares provistos de toda clase de pertrechos. En los últimos años hemos encontrado arsenales de gran poder, que muchas veces son mejores que los que se hallan a disposición de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo podría un policía municipal enfrentar a un comando armado con lanzacohetes, granadas y ametralladoras antiaéreas?”.

Un reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense señala que dos mil armas atraviesan cada día los puestos fronterizos del norte del país. El documento, presentado el 8 de enero de 2008 por el senador Richard Lugar, afirma que “oficiales de aduanas corruptos (en ambos lados de la frontera) ayudan al tráfico de armas hacia México”. Si el dato resulta exacto, en los primeros dos años del gobierno de Calderón un millón 460 mil armas habrían ingresado clandestinamente al territorio nacional. Según se desprende de una entrevista ofrecida al periódico El País por el procurador Eduardo Medina Mora (23/11/08), en el mismo lapso, sólo 27 mil de esas armas habrían sido aseguradas por las autoridades.

Una investigación dada a conocer a fines del año pasado por la PGR (“Tráfico de armas México-USA”) revela que el cártel del Golfo y Los Zetas son los grupos delictivos que compran mayores cantidades de armamento. “A estas organizaciones se les ha asegurado el mayor número de armas de fuego y de características especiales por su versatilidad, potencialidad lesiva, alcance, penetración y volumen de fuego”, apunta el informe. El 2 de noviembre de 2008, Juan Manuel Pavón Félix, jefe de la Policía Estatal de Seguridad Pública que había dirigido el operativo que enfrentó en la Sierra de Arizpe al comando armado que un año atrás había tomado Cananea, fue asesinado a las puertas del hotel Marqués de Cima de la ciudad de Nogales. Pavón llegaba al hotel acompañado por sus escoltas. Cuando descendió del vehículo oficial en que se transportaba, un grupo de sicarios que lo esperaba en la parte alta del edificio lanzó sobre los policías un conjunto de granadas. Hace dos años, este hecho de violencia habría resultado escandaloso: de las 36 mil 941 armas decomisadas durante el sexenio de Vicente Fox, sólo una mínima cantidad correspondía a granadas de fragmentación. Hoy, los enfrentamientos en que se echa mano de estos aditamentos aparecen en todas partes. En la celebración del 16 de septiembre en Morelia; en el ataque a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública en Guadalajara el 13 de octubre; en el atentado al periódico El Debate de Sinaloa el 16 de noviembre; en el asesinato de un subcomandante de la policía municipal en Aguascalientes el 19 de noviembre; en la ejecución de dos patrulleros de Durango, 10 días más tarde.

“Antes de 2006 era rarísimo que las autoridades aseguraran este tipo de armamento —explica Abigaíl Vargas, funcionario del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi). Hoy, el equipamiento normal del más humilde de los sicarios consta de al menos una granada de fragmentación. Si en el sexenio anterior no se registran o son mínimos los decomisos de granadas, en los primeros 22 meses de la presente administración la PGR ha asegurado mil 800. Otro indicio de que el poder de fuego del narco se ha destapado”.

Hasta el momento no existe una respuesta oficial sobre el tráfico de granadas (cuya compra está prohibida en Estados Unidos). ¿De dónde salen los modelos calibre .40 que los narcotraficantes suelen traer en fornituras especiales? Una fuente de inteligencia de la pasada administración asegura que todo apunta al ejército. “Son robadas de almacenes militares de México y Estados Unidos y revendidas a los narcotraficantes”.

EL MERCADO MAYOR DEL MUNDO

n 2008 hubo un promedio de cinco enfrentamientos por semana en el país. Hasta octubre del año pasado, las autoridades habían contabilizado 404. El 90% de las armas aseguradas por las fuerzas de seguridad procedía de Estados Unidos. Una porción de éstas había llegado por los 19 cruces formales que existen en la frontera. La mayor parte, sin embargo, cruzaba por las rutas informales por las que, poco antes, los narcos habían llevado la droga. “Las vías empleadas para transportar narcóticos a Estados Unidos son las que se utilizan en el regreso para la introducción ilegal de armas y municiones en pequeñas cantidades”, indica el informe que la PGR presentó en 2006 al presidente Calderón.

“Por los mismos puntos en que se fue la droga, vuelven el dinero y las armas”, explica Abigaíl Vargas, mientras despliega un mapa que señala el recorrido de las armas: la ruta del Pacífico (que baja por Tijuana y bordea la costa hasta Chilpancingo); la ruta del Centro (que viene de Ciudad Juárez y atraviesa Durango para surtir Morelia, Chilpancingo, Oaxaca); la ruta del Golfo (que alimenta Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Veracruz y Tuxtla Gutiérrez) y finalmente el camino del Sur, que recala en Tapachula, Motozintla, Balancán y Ciudad Hidalgo.

En una entrevista concedida en sus oficinas una semana antes del accidente en que perdió la vida, el ex subprocurador de la PGR José Luis Santiago Vasconcelos detalló que el repunte en la carrera armamentista de los cárteles de la droga fue determinado por la detención de los grandes capos y la lucha consiguiente por la obtención de liderazgos: “Ante la pulverización de los cárteles, la guerra destinada a crear nuevos liderazgos obliga al narcotráfico a adquirir armamentos más sofisticados. Vivimos un periodo de disputa por el control de territorios y de las redes de distribución. Los cárteles sostienen enfrentamientos internos, y desde luego externos. Al mismo tiempo, la intervención del Estado es leída como un desafío. Todo esto desata los procesos de violencia e intimidación que estamos atestiguando”.

En la línea fronteriza existen 12 mil 706 tiendas en donde las armas pueden ser compradas de manera legal. Armerías, supermercados, tiendas deportivas y de empeño. Sólo en el estado de Texas se han detectado 100 mil puntos de venta.

“Colindamos con el mercado de armas más grande del mundo —explica el director de la unidad especializada contra el Terrorismo y Tráfico de Armas, Ricardo Cabrera—. Si a esto se suma la porosidad de una frontera de tres mil 152 kilómetros en la que sólo existen 19 puntos de paso formales, puede entenderse por qué el tráfico de pertrechos es, junto al tráfico de drogas y personas, nuestro problema mayor”.

El 31 de octubre de 2005, el entonces director de la unidad especializada contra el Terrorismo y el Tráfico de Armas, general Jorge Serrano, reveló que en cada organización delictiva existían pequeños grupos dedicados a abastecer los arsenales del narco. “Dentro de cada cártel hay 30 o 40 personas que buscan los contactos en Estados Unidos y trafican las armas”, dijo. Según Abigaíl Vargas, los cárteles suelen establecer vínculos con residentes legales que adquieren armamento de manera lícita.

“Muchos residentes de origen mexicano intermedian en la compra. Las fuentes de rastreo señalan que los narcotraficantes les pagan 50 dólares por cada arma. En las ferias llamadas Gun Shows, no se exige ningún requisito a los ciudadanos deseosos de adquirirlas. Cada quien puede comprar lo que sea, en la cantidad que sea. Existen miles de distribuidores no establecidos que compran armas para revenderlas en sus casas y no están obligados a llevar registro alguno de sus transacciones comerciales. El problema mayor es la legislación: Estados Unidos no quiere legislar la compra de armas, y mientras no lo haga no habrá manera de cerrarle al narcotráfico sus fuentes principales de abastecimiento”.

Explica Ricardo Cabrera: “Las armas se trafican en pequeñas cantidades en las oquedades de los autos, en las llantas de refacción, en los respaldos de los asientos y en algunas partes del motor. Por eso no existen grandes decomisos. En los puntos de revisión nunca se ha realizado un aseguramiento de más de 30 armas”.

Aunque desde 1995 el gobierno mexicano estableció el grupo CG-Armas, un mecanismo de intercambio de información que incluye a la PGR y a seis secretarías de Estado (Relaciones Exteriores, Sedena, Semar, Hacienda, Gobernación y Seguridad Pública Federal), el tráfico es imparable. Sonora, Tamaulipas y Chihuahua son los estados donde se registra el flujo mayor de pertrechos. Las armas más decomisadas son la AK47, que puede adquirirse en la frontera en 600 dólares, y la AR-15, cuyo precio ronda los mil. En los aseguramientos, sin embargo, aparecen con frecuencia lanzacohetes y fusiles Barrett. A estos últimos es imposible adquirirlos por menos de ocho mil dólares.

A mediados de 2008, la base de datos conocida como E-Trace, que puede seguir el rastro de las armas a partir de sus datos de identificación, condujo a las autoridades hasta el domicilio de un policía de Texas, Ramón Martínez. Había comprado de manera legal cientos de armas que luego fueron aseguradas al cártel del Golfo. Martínez se declaró culpable ante un tribunal federal de haber colaborado con esa organización, y de “vender armas que iban a parar a México”.

“El programa E-Trace ha detectado que varios de los arsenales asegurados fueron comprados en Estados Unidos por las mismas personas. La Constitución estadunidense, sin embargo, permite a los ciudadanos de aquel país comprar y vender armas libremente. Las autoridades saben quiénes son los compradores, pero afirman que, por ley, no pueden molestarlos”, explica Vargas.

7 de febrero de 2008: durante un patrullaje nocturno, el X Regimiento de Caballería Motorizada detecta en Reynosa, Tamaulipas, el desplazamiento de dos vehículos sospechosos. Los tripulantes portan armas largas. Se inicia la persecución, que culmina en una casa de la colonia Ramón Pérez García. “Debido a la flagrancia del delito”, el personal militar penetra en el inmueble. Cinco hombres se entregan sin ofrecer resistencia. Se trata del mayor aseguramiento de armas en la historia del país: 500 mil cartuchos, 228 armas largas, 126 cortas, 160 granadas, un lanzacohetes y dos lanzagranadas. Los detenidos forman parte de una célula relacionada con Jaime González Durán, El Hummer, militar que desertó el 24 de febrero de 1999 para formar, con Arturo Guzmán Decena y Humberto Lazcano, El Lazca, la organización conocida como Los Zetas. Un funcionario de la PGR relataría después: “El arsenal pesaba más de cuatro toneladas. Sufrimos para cargar y transportar todo aquello”.

“El problema —concluye Abigaíl Vargas— es que los narcos no compran las armas para exhibirlas. Las compran para darse entre ellos. Y si se topan con la autoridad, no dudan en usarlas. ¿En qué otro país del mundo ocurren cinco enfrentamientos por semana? Estamos frente a un problema nacional, no sólo de seguridad pública; estamos frente a un problema que deja del otro lado de la frontera millones de dólares, y ante el cual el gobierno de Estados Unidos ha preferido cerrar los ojos”.

Héctor de Mauleón. Escritor y periodista. Entre sus libros: El tiempo repentino y Como nada en el mundo.

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1 comentarios:

cana dijo...

quiero reportar a un juez federal manuel cano maynez de ciudad obregon sonora que recibe dinero de los salazar, es un corrputo que tiene nexos con PGR y se le vincula a ese juez con la muerte del abogado francisco trinidad arteaga porque salieron mal en un asunto penal que tenia en su juzgado

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